Cambios en procesos migratorios y su impacto en la comunidad migrante vulnerable.

Desde el pasado 14 de marzo el INM a nivel nacional ha implementado nuevas reglas de aplicación en dos importantes procedimientos migratorios mexicanos.

Playa del Carmen, 04 de Abril.- Actualmente miles de extranjeros se encuentran enfrentando las consecuencias de las nuevas medidas implementadas en diversos procesos migratorios, los cuales a pesar de que aún no han sido notificados en los medios oficiales del Instituto Nacional de Migración ya estan siendo implementadas en todas las oficinas del INM a nivel nacional.

A medida que las regulaciones migratorias se endurecen y los procesos de regularización se vuelven más restrictivos, miles de personas que transitan o buscan establecerse en el país se enfrentan a barreras cada vez mayores. Ésto no sólo afecta su estabilidad y acceso a derechos fundamentales, sino que también influye en el flujo migratorio irregular dentro del territorio nacional.

Barreras para la Regularización Migratoria y sus Consecuencias:

La entidad encargada de regular la migración en México, el Instituto Nacional de Migración (INM), ha implementado en distintos momentos políticas que limitan las opciones de regularización para muchas personas migrantes. Actualmente los cambios que ya empezaron a ser implementados de manera arbitraria, afectan directamente los procesos migratorios por Vinculación familiar, especificamente por vinculación de hijos a padres. Ya que ante la nueva medida, ahora los representantes extranjeros de niños nacidos en territorio mexicano que deseen obtener la residencia permanente en México enfrentan una gran problemática ya que no sólo deberán de presentar el acta de nacimiento de su hijo sino además deberán de tramitar el pasaporte del menor ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sin embargo, al momento de solicitar el pasaporte del menor la propia SRE solicita a los padres presentar el CURP documento que únicamente pueden obtener a través de la expedición de su residencia permanente.

Además de estás restricciones se suman otras como:

• Reducción de años para la aplicación al programa de regularización "RNE": El programa Registro Nacional de Extranjeros (RNE) inició el 2025 dándole la oportunidad de aplicación a extranjeros en situación a una residencia temporal hasta por 4 años a personas migrantes que habían ingresado en el año 2023 o años anteriores

  
  

• Mayor dificultad para acceder a visas humanitarias: A pesar de que la Ley de Migración contempla la posibilidad de otorgar visas por razones humanitarias, los criterios para su expedición han sido aplicados de manera más restrictiva, dejando fuera a muchas personas que podrían beneficiarse de este mecanismo.

  
  

• Ya no aplicará la solicitud de Visa de Unidad Familiar para familiares de personas Refugiadas: Así mismo, el Instituto Nacional de Migración ahora ha limitado la posibilidad de que las personas con estatus de Refugio en México por parte de la COMAR soliciten a sus familiares por la vía de Visa de Unidad Familiar (directamente a través del INM) dejando como única opción de solicitud la Reunificación Familiar la cual es solicitada únicamente a través de la COMAR lo que supone un atraso mucho más extenso.

  
  

• Incumplimiento en el otorgamiento de CURP para Solicitantes de Refugio: En Quintana Roo hemos detectado que el INM ha limitado el otorgar a los solicitantes de refugio la Clave Única de Registro de Población (CURP), solicitándoles realizar un escrito libre indicando las razones por las cuales requieren la asignación de su CURP el cuál será otorgando únicamente si el propio instituto cree justificada la solicitud. Recordemos que la propia Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados COMAR establece que una vez que los solicitantes de Refugio obtienen una constancia de solicitud de trámite estos mismos tienen DERECHO a que se les otorgue una CURP temporal. Documento que es esencial para poder acceder a servicios básicos como salud, trabajo, educación, entre otros.

  
  

• Procesos burocráticos más largos y costosos: Las largas esperas, la falta de información clara y los altos costos de derechos migratorios asociados con los trámites migratorios dificultan el acceso de personas con escasos recursos a la regularización, lo que las empuja a permanecer en condición irregular.

Actualmente una persona que desea regularizar su situación Migratoria en México deberá de pagar únicamente en pagos de derechos más de $17.000 pesos (más de dos salarios mínimos).

Estas restricciones tienen consecuencias directas en la vida de la comunidad migrante más vulnerable. Sin acceso a documentación legal, muchas personas se ven forzadas a aceptar empleos precarios, a vivir en condiciones de inseguridad y a enfrentar obstáculos para acceder a servicios básicos como salud, educación y vivienda lo que supone una grave violación de los derechos humanos de las personas migrantes.